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Foro Ermua

Por Mikel Buesa, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid


  Mikel Buesa
 


Mikel Buesa, Presidente del Foro Ermua y Catedrático de Economía de la Universidad Coplutense de Madrid

 

La fortaleza del «Espíritu de Ermua»

Las del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron jornadas que conmovieron a la inmensa mayoría de los españoles. En Ermua, en el País Vasco y en todos los demás rincones de España, por fin, una masa humana, ajena a cualquier consigna partidaria, expresó su voluntad de rechazo a ETA y a su proyecto totalitario nacionalista. Fue entonces cuando los ciudadanos tomamos la palabra y la calle para exigir al Gobierno y a los actores políticos un decidido propósito de derrotar a la organización terrorista sin entrar en juegos negociadores ni en sutilezas semánticas.

Habíamos descubierto el verdadero rostro de ETA, la genuina naturaleza de su violencia política y su ilimitada capacidad para ejercer el mal. Y sabíamos que eran capaces de tomar la vida de una persona inocente -porque Miguel Ángel era ante todo inocente- para intentar doblegar nuestra voluntad de ser libres y de hacer de la libertad la guía fundamental de nuestro sistema político. Por eso, no le dijimos al presidente Aznar que cediera al ultimátum etarra acercando a los presos a Euskadi, sino que le exigimos que se mantuviera firme; y reclamamos que Miguel Ángel volviera sano y salvo con nosotros.
Para la historia de la infamia
Miguel Ángel Blanco fue abatido a las cuatro de la tarde de aquel doce de julio de hace diez años, y abandonado moribundo en un monte cercano a Lasarte. Llevaba las manos atadas y había llorado por su vida durante muchas horas sin que ello conmoviera lo más mínimo a sus asesinos. Los nombres de éstos -Gallastegui, García Gaztelu, Geresta- quedarán para siempre inscritos en la historia de la infamia; y no deberán ser olvidados nunca, pues la memoria de su barbarie sigue apelando a nuestra conciencia para decirnos que existen límites que, en la acción política, nunca deben sobrepasarse, y que el crimen no es una razón que deba atenderse para organizar los asuntos públicos.
Los días de Ermua fueron de movilización ciudadana. Nunca en España se había conocido una participación tan intensa en el deseo de ver liberada a una persona que, hasta entonces, había sido anónima para la mayoría de la sociedad. Viví esos días en Madrid, en la Puerta del Sol, con angustia, con el anhelo de la libertad de Miguel Ángel, observando sobre todo a aquellos jóvenes que eran capaces de mantenerse en vigilia, como si vencer al sueño fuera la manera de evitar la pesadilla. De esa pesadilla, que no era sino la frustración de una aspiración de libertad para un hombre concreto -Miguel Ángel- y, con él, para todos los hombres y mujeres concretos, nació el que enseguida se llamó «espíritu de Ermua».
Ha pasado una década desde entonces y el sentimiento de aquel momento se ha serenado. Hay quien dice, por ello, que del «espíritu de Ermua» no queda ya casi nada; que la sociedad española ya no es capaz de reaccionar ante el terrorismo y que, por tal motivo, contempla acontecimientos como la negociación entre Rodríguez Zapatero y ETA con indolente ostracismo.
Discuto esta tesis. Es más, creo que ha sido sin duda el «espíritu de Ermua» el que ha limitado seriamente la capacidad del actual presidente del Gobierno para hacer efectivas las expectativas que había sembrado entre los terroristas, en años de conversaciones con ellos, de manera que no ha podido dar viabilidad a su eufemística versión del reconocimiento del derecho de autodeterminación, según el cual «el futuro de los vascos depende y dependerá de ellos mismos».
La fortaleza del «espíritu de Ermua» puede apreciarse en las observaciones sociológicas que han publicado distintos medios. Las encuestas señalan, a este respecto, que casi dos tercios de los españoles vieron con buenos ojos que, en marzo de 2006, se emprendiera una negociación con ETA, bien entendido que ello sólo se haría una vez que esta organización hubiera hecho efectivo el abandono del terrorismo. Un año más tarde, cuando había quedado claro que esta condición no se cumplía, tal apoyo se redujo drásticamente a menos de la mitad de los ciudadanos.
Éstos, por otra parte, se habían mostrado, ya después del verano pasado, muy escépticos acerca de los resultados de la negociación, de modo que más del cincuenta por ciento no creían que de ella se derivaría el final de ETA. ¿Cuál era la razón de tal desconfianza? Pues sencillamente que, según mostraban todos los indicios, el Gobierno se había metido en un fregado que a una mayoría de españoles, con independencia de sus preferencias políticas, no le gustaba nada.
En efecto, las encuestas habían reflejado también los límites de la negociación con terroristas. Y esos límites son bien expresivos del sentimiento de solidaridad de los ciudadanos con las víctimas del terrorismo y de su firmeza política frente a ETA; es decir, del «espíritu de Ermua». Así, todos los sondeos mostraban en 2006 que entre cinco y siete de cada diez entrevistados rechazaban que se hablara con los terroristas del derecho a la autodeterminación o a la independencia del País Vasco, así como del futuro de Navarra.
Actualmente, ese rechazo se sostiene con idéntica fortaleza y se le añade también el repudio a la participación de Batasuna en la política cotidiana y en los procesos electorales. Una proporción similar de ciudadanos objetaba también que se negociaran medidas de gracia con respecto a los reclusos de la banda terrorista o que se les acercara a Euskadi. Específicamente, cuando empezó la tregua de ETA sólo un cinco por ciento de los españoles aceptaba que esos presos pudieran salir de prisión, en tanto que el noventa por ciento consideraba que debían seguir cumpliendo sus condenas.
Cuestión de convicciones
Un año más tarde, las reacciones al caso De Juana Chaos -con un rechazo de casi dos tercios a la decisión del Gobierno de trasladarlo a San Sebastián y una opinión mayoritaria de que se había cedido al chantaje del terrorista- muestran el carácter inconmovible de estas convicciones.
Todos estos datos son expresivos de la voluntad de los españoles de no rendirse ante el terrorismo y de exigir la derrota de ETA. Es la misma voluntad que emergió en Ermua hace una década. Es la herencia que dejó grabada en piedra la terrible experiencia del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y ahí sigue, con el mismo fondo, aunque ahora se exprese con menor vehemencia. Sigue en el amplísimo rechazo que suscita la política antiterrorista del presidente Zapatero, en la exigencia de que se vuelva al Pacto por las Libertades y en la voluntad de hacer de la democracia una barrera infranqueable para el terrorismo.

Por una reforma constitucional
POR MIKEL BUESA
18-7-2007 07:44:24
SI hubiera que hacer un balance de la política gubernamental en el curso de la actual legislatura, sin duda deberían destacarse dos elementos: por una parte, la existencia de una retórica impregnada del que Thomas Hobbes designaba como «el discurso insignificante», es decir, de palabras carentes de sentido intencionadamente orientadas a confundir a los ciudadanos mediante el uso de un relato más bien indescifrable, a la vez que brillante; y por otra, la adopción de decisiones con pretensión de irreversibilidad, las más de las veces apoyadas en cambios legislativos, y orientadas a transformar el marco institucional de las relaciones sociales.
Entre estas últimas, sin duda, las de mayor relevancia son las que se han plasmado en la reforma de los Estatutos de Autonomía, bajo el paradigma que representa el de Cataluña, con la pretensión fundamental de establecer los fundamentos de una transformación del Estado desde su actual configuración nacional unitaria y políticamente descentralizada, a otra de carácter plurinacional basada en una estructura de orientación confederal. Este cambio ha estado propiciado por las excepcionales circunstancias que han concurrido en la legislatura presidida por Rodríguez Zapatero, siendo las de más relieve las que aluden a un gobierno minoritario guiado por el oportunismo y sustentado por un partido ideológicamente débil que no ha sabido frenar sus iniciativas; a unos apoyos parlamentarios de carácter nacionalista concedidos principalmente a cambio de que se establecieran las bases del vaciamiento competencial del Estado; y a una idea más bien ilusoria según la cual el proyecto de cambio en la configuración factual del Estado dejaría sin argumentos a ETA y la abocaría al abandono del terrorismo.
Pero, más allá de la coyuntura política, es también evidente que aquellas decisiones han podido tener recorrido como consecuencia del diseño mismo del sistema político instituido con la Constitución de 1978. Éste dejó indeterminado el reparto del poder entre el Estado y las Comunidades Autónomas al no cerrar la distribución de competencias entre ambas instancias políticas y al dejar abierta la regulación de su financiación. Además, en virtud de un sistema electoral proporcional basado en las circunscripciones provinciales, propició un excesivo poder político de los partidos nacionalistas al hacer de ellos un elemento ineludible para la configuración de las mayorías parlamentarias. Y, aunque previó una potestad legislativa de armonización para el Estado y le dotó a éste de una capacidad de intervención ejecutiva sobre los gobiernos autonómicos para atajar el incumplimiento de sus obligaciones legales, lo cierto es que tales competencias no se han ejercido, aún cuando ha habido ocasión para ello, redundando así en un debilitamiento de la unidad constitucional y del sentimiento de pertenencia nacional de los españoles. No cabe duda, por tanto, de que ese sistema contiene en su seno los incentivos que, dependiendo de las circunstancias electorales y del oportunismo de la minoría mejor situada para gobernar, dan entrada de un modo irrefrenable a los intereses nacionalistas y, dado que éstos tienen un carácter independentista, conducen a cuestionar sus fundamentos, singularmente en los terrenos del respeto a los derechos individuales -tal es el caso del empleo del español como lengua materna en el sistema educativo-, de la solidaridad entre las regiones -al tratar de quebrar el sistema común de financiación de las Comunidades Autónomas- y de la fortaleza del Estado basada en la unidad nacional de España.
Este último aspecto puede parecer retórico, aunque su realidad material puede palparse en aquella parte del territorio en la que, como pasa en amplias zonas del País Vasco, la debilidad del Estado es manifiesta. La experiencia de muchos vascos constitucionalistas señala que cuanto mayor es la presencia del Estado, con su legalidad y sus instituciones, más amplio es el ejercicio de la libertad. Y, por ello, es comprensible que, como señala la última encuesta del Euskobarómetro, al plantearse la hipótesis de la independencia, más de un tercio de los vascos piensen seriamente en abandonar la región. La disolución de la unidad de España tal como se propugna por los defensores del Estado plurinacional, será en este caso la puerta abierta a un inquietante proceso de limpieza ideológica de la población vasca.
Otros aspectos también relevantes de la regulación constitucional se han mostrado problemáticos con el discurrir del tiempo. Entre ellos, se pueden mencionar la cuestión de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona; el encaje de España en la Unión Europea -y, con relación a éste, la participación autonómica en los procesos de adopción de decisiones que afectan al ejercicio de sus competencias-; la insuficiente independencia institucional del Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional -así como el atasco de éste al haberse convertido, en virtud de una inadecuada regulación del recurso de amparo, en la última instancia judicial-; la inacabada conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial; la fragmentación autonómica del sistema educativo -fuente, en parte, de su fracaso en la transmisión del conocimiento y del bajo nivel formativo medio que alcanzan los escolares-; y la desvertebración territorial asociada a las tensiones a las que se ve sometido el ejercicio de las competencias estatales en materia de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de comunicaciones.
En definitiva, después de casi tres décadas de vigencia, la Constitución ha entrado en una crisis que puede derivar en una transformación radical y no consensuada del sistema político. Se plantea entonces la necesidad de restablecer los fundamentos de éste apelando a los elementos esenciales del pacto que logró establecerse con la desaparición del régimen franquista. Y, para ello, resulta ineludible una reforma constitucional orientada a consolidar el modelo de 1978 y a cerrar las vías que han conducido a socavarlo. Esa reforma constitucional deberá entonces consolidar el Estado autonómico como un Estado nacional unitario y políticamente descentralizado, redefiniendo y cerrando definitivamente la distribución de competencias entre las distintas Administraciones, suprimiendo la provisionalidad del estatus de Navarra y convirtiendo el Senado en el órgano de participación de las Comunidades Autónomas en las tareas legislativas del Estado. Asimismo, el sistema electoral debe modificarse para garantizar la atención al interés general del país en la formación de mayorías parlamentarias dentro del Congreso de los Diputados. Ha de reforzarse también la independencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con respecto a los poderes ejecutivo y legislativo. La competencia sobre el recurso de amparo constitucional debe atribuirse al Tribunal Supremo con objeto de dotar de una mejor funcionalidad al Tribunal Constitucional.

Se debe hacer una referencia, además, a la inserción de España en la Unión Europea y abordarse la solución institucional a la participación de las Comunidades Autónomas en la adopción de los acuerdos y decisiones europeos cuando afecten a sus competencias.La reforma debe afrontar, igualmente, el problema del empleo de la lengua española en todo el territorio nacional, garantizando el uso del español en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos y en el sistema educativo, sin que ello obste para que las demás lenguas tengan el mismo tratamiento en los territorios en los que se hablen. Y, finalmente, ha de aprovecharse la tarea para consolidar la institución monárquica suprimiendo la preferencia del varón en la línea sucesoria de la Corona.

Abordar una reforma de esta envergadura requerirá el trabajo ímprobo de la construcción de un consenso hoy inexistente entre los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP, en respuesta a las que son demandas crecientes entre los ciudadanos. Para ello, los dirigentes de esos partidos cuentan con el ejemplo de los que, en 1978, les precedieron. Son ellos los que, como dijo una vez Jean Cocteau, «sin saber que era imposible, fueron y lo hicieron».

 

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